Caso ANDIS: pidieron indagar a los principales directivos de la droguería Suizo Argentina por presuntos sobreprecios
La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos avances judiciales. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron que declaren en indagatoria los principales directivos de la droguería Suizo Argentina y responsables de otras empresas farmacéuticas, en el marco de una causa que investiga supuestos acuerdos ilegales para direccionar compras de medicamentos y aplicar sobreprecios.
Según información publicada por PERFIL, el dictamen fiscal sostiene que la compañía habría tenido una intervención determinante en las decisiones de la agencia estatal entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Para los investigadores, ese mecanismo habría involucrado a funcionarios públicos y a representantes de distintas droguerías.
Entre los principales señalados se encuentran Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina S.A., y su hermano Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de la firma. También fueron incluidos en el pedido de indagatoria otros directivos y responsables de áreas comerciales de la empresa. Por el momento, no se estableció una fecha para las declaraciones.
La investigación apunta a compras de medicamentos y presuntos sobreprecios
De acuerdo con la hipótesis de los fiscales, Suizo Argentina habría intervenido en el circuito de adquisición de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud. La acusación sostiene que la firma habría recibido información anticipada sobre las compras, influido en las cotizaciones y participado en decisiones relacionadas con la adjudicación y los pagos a proveedores.
El dictamen también describe un presunto esquema de coordinación de precios con otras 14 empresas del sector farmacéutico. Según la investigación, este mecanismo habría permitido direccionar las compulsas y favorecer reiteradamente a determinadas droguerías.
Durante los 15 meses comprendidos en el período investigado, Suizo Argentina habría recibido órdenes de compra de la ANDIS por $137.118.708.357. Según los fiscales, ese monto representaría cerca del 30% de las erogaciones totales de la agencia durante ese lapso.
La causa busca determinar si esas operaciones estuvieron atravesadas por sobreprecios y acuerdos ilegales que perjudicaron los recursos públicos destinados a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas graves.
Un medicamento para la esclerosis múltiple, bajo la lupa
Uno de los ejemplos citados por los investigadores corresponde a una operación de julio de 2024 vinculada con un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple.
Según el dictamen fiscal, un responsable de la división de Tratamientos Especiales de Suizo Argentina comunicó que el producto había sido adquirido a un costo de $92.000 por unidad y habría indicado a su equipo que fijara libremente el precio de venta.
Posteriormente, la ANDIS habría pagado por cada unidad entre $3.870.392 y $4.063.912. De acuerdo con los cálculos incorporados a la investigación, los valores facturados fueron aproximadamente 42 veces superiores al costo de adquisición, con un incremento cercano al 4.107%.
Los fiscales consideran que este caso constituye un ejemplo de los presuntos sobreprecios bajo análisis. La Justicia deberá establecer las responsabilidades correspondientes y determinar el alcance de las maniobras denunciadas.
Quiénes son los otros involucrados en el pedido de indagatoria
Además de los hermanos Kovalivker, el pedido alcanza a Diego Viner, director de Compras; Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de esa división.
La solicitud también comprende a directivos, gerentes y socios de otras droguerías que, según la acusación, habrían participado en el presunto acuerdo de coordinación comercial. Entre ellas figuran Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, Ultra Pharma, Droguería del Sud, Disval, Hemipharm, Medipharma, Génesis y Scienza Argentina.
Los fiscales solicitaron, además, ampliar las indagatorias del exdirector ejecutivo de la ANDIS Diego Orlando Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini; el presunto operador de la droguería Pablo Atchabahian; el empresario Miguel Ángel Calvete; y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de Génesis S.A. Todos ya se encuentran imputados en la causa.
Presuntos sobornos y un viaje a Israel
Otro tramo de la investigación se relaciona con supuestos pagos ilegales y beneficios que habrían recibido funcionarios. Según la acusación, los directivos de Suizo Argentina habrían entregado a Calvete más de 54.000 dólares durante 2024, sin que se identificaran actividades comerciales legales que justificaran esos pagos.
Los investigadores también incorporaron información sobre un viaje de Spagnuolo a Israel, realizado entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024. Según el dictamen, Calvete habría gestionado y financiado pasajes, alojamiento y servicios de atención al viajero. La documentación incorporada incluiría comunicaciones de una secretaria del empresario relacionadas con la organización del traslado.
Para los fiscales, estos elementos podrían estar vinculados con presuntos pagos por favores políticos. La investigación deberá determinar si existió una relación entre esos beneficios y las decisiones adoptadas desde la agencia estatal.
La respuesta de Suizo Argentina
Desde la empresa rechazaron las acusaciones y cuestionaron la forma en que se incorporaron las pruebas al expediente. Según declaraciones recogidas por PERFIL, la firma sostuvo que los mensajes y audios utilizados en la investigación conformarían un relato que, a su entender, no demuestra las maniobras denunciadas.
Además, afirmó que la ANDIS era uno de los más de 10.000 clientes con los que trabaja y que el 95% de su facturación corresponde al sector privado.
Con los nuevos pedidos de indagatoria, la causa avanza sobre el presunto funcionamiento de un esquema de contratación de medicamentos que habría involucrado a funcionarios públicos y empresas privadas. Las responsabilidades penales deberán establecerse en el marco del proceso judicial.
