Afirman que Caputo evalúa postergar el pago del aguinaldo de estatales hasta el año próximo
El Ministerio de Economía analiza acreditar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en el primer día hábil de 2027.

El portal web La Política Online (LPO) publicó este jueves que el Ministerio de Economía estudia postergar el pago del segundo medio aguinaldo del sector público nacional hacia el primer minuto hábil de enero de 2027. La medida alcanzaría a los trabajadores estatales que perciben ingresos por encima de $1.400.000 y permitiría desplazar un desembolso estimado en poco más de $1 billón fuera del registro de caja de diciembre.
El objetivo de la posible modificación en el cronograma de pagos responde a la metodología con la que el Palacio de Hacienda presenta sus resultados fiscales. Al medirse el resultado por el criterio de "base caja" (es decir, cuando efectivamente sale el dinero), diferir la acreditación a enero trasladaría el impacto financiero al próximo ejercicio fiscal.
Según las estimaciones privadas citadas en el informe, diciembre proyecta un déficit primario de entre $3,62 y $3,74 billones, mientras que el déficit financiero —que contempla el pago de intereses de deuda— se ubicaría entre $4,15 y $4,29 billones. En ese escenario, el corrimiento de $1 billón representaría un alivio equivalente al 27% del rojo primario y al 23% del financiero para el último mes del año, dejando el saldo negativo de diciembre en torno a los $2,6-$2,7 billones (primario) y $3,2-$3,3 billones (financiero).
No obstante, bajo la normativa contable vigente —establecida por el propio Ministerio de Economía a través de la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre—, los gastos devengados y pendientes de pago al 31 de diciembre deben quedar asentados como pasivo corriente (deuda exigible) en el cierre de 2026, independientemente de que su cancelación financiera ocurra en 2027.
Deuda flotante y tensión con proveedores
El manejo de los tiempos de pago y la evolución de la denominada "deuda flotante" se han vuelto variables centrales en la administración del gasto público. Datos oficiales del portal Presupuesto Abierto indican que, al 31 de octubre de este año, la Administración Nacional acumulaba $2,86 billones en gastos devengados impagos (sin incluir servicios de deuda), cifra equivalente al 2,5% del gasto devengado en los primeros diez meses del año, por encima del 1,5% registrado en el mismo período de 2025. Para el 4 de noviembre, ese stock se había reducido a $1,37 billones tras una serie de cancelaciones.
Desde el sector privado y gremial advierten que la administración de la caja también impacta en la cadena de pagos de la obra pública y los servicios. En el ámbito ferroviario, empresas proveedoras registran demoras superiores a los diez meses en el cobro de facturas por repuestos y mantenimiento. Desde el sindicato La Fraternidad han denunciado que esta situación deriva en recortes de infraestructura y en una reducción del 33% en las frecuencias de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Asimismo, según consigna LPO, la reasignación de partidas y el uso de fondos fiduciarios con asignación específica —como los recursos provenientes del impuesto a los combustibles destinados originalmente a obras viales e hídricas— han generado presentaciones judiciales contra el titular de la cartera económica y tensiones internas dentro del área de Infraestructura.
El frente externo y la revisión del FMI
La discusión sobre los números de diciembre se produce en paralelo a la agenda financiera internacional de la Argentina. Durante el último mes del año está prevista la reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evaluar el cumplimiento de las metas acordadas y definir la habilitación de un desembolso cercano a los USD 900 millones.
En este marco, el equipo económico busca exhibir la mayor solidez fiscal posible en el cierre anual, luego de haber requerido una flexibilización en mayo respecto de la meta fiscal del primer semestre y ante la necesidad de solicitar una dispensa (waiver) al organismo multilateral de crédito.




