El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el exdiputado libertario José Luis Espert formalizaron su pedido de adhesión al régimen de “Inocencia fiscal“. La medida, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, levantó la polémica luego de que se conociera la inscripción previa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti.
El mecanismo implementado a través de la Ley 27.799 funciona como un blanqueo de capitales que permite regularizar dinero y bienes que no habían sido declarados ante el fisco. La normativa, sancionada por el Congreso de la Nación a instancias del Poder Ejecutivo, exime del pago de tributos evadidos y condona las sanciones administrativas o penales correspondientes a quienes decidan acogerse al beneficio.
De acuerdo con los registros informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las solicitudes de ambos funcionarios nacionales se tramitaron en fechas recientes. Sturzenegger inició el trámite ante el ente regulador el pasado 7 de mayo, mientras que Espert lo hizo este martes 9 de junio. En términos técnicos, ambos completaron el primer paso requerido por el marco legal: la solicitud de ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias.
Los alcances del beneficio patrimonial
La aprobación final de las solicitudes por parte del organismo recaudador implicará un cambio en el nivel de fiscalización sobre el patrimonio de los funcionarios. Pues, de este modo, quedarían exceptuados de la obligación de informar detalladamente sus bienes y activos al inicio de cada ejercicio fiscal.
Además, estarán habilitados legalmente para reintroducir y utilizar fondos que se encontraban por fuera del circuito financiero formal, sin la necesidad de someterse a controles patrimoniales preventivos ni justificaciones de origen.
Las solicitudes de Sturzenegger y Espert se hicieron públicas apenas horas después de que salieran a la luz los expedientes de Adorni y su cónyuge, Angeletti. A diferencia de los nuevos inscriptos, la situación del matrimonio se encuentra bajo investigación judicial en el marco de una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito.
En los tribunales federales se investigan diversas operaciones inmobiliarias y turísticas del matrimonio Adorni que, según los denunciantes, no guardarían correlación con sus ingresos declarados. Entre los puntos principales que la Fiscalía busca esclarecer se destacan la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito mediante un pago registrado de solo 30.000 dólares, la compra y posterior remodelación de una vivienda en el exclusivo country Indio Cuá por un valor estimado de 245.000 dólares, y una serie de viajes al exterior —con destinos como Punta del Este, Aruba y el hotel Llao Llao— abonados en efectivo por sumas superiores a los 30.000 dólares.
El avance de los trámites de “Inocencia Fiscal” por parte de los máximos referentes del espacio oficialista reaviva el debate político y ético en torno a las herramientas de regularización patrimonial utilizadas por los propios miembros de la gestión pública.
